COMENTARIO EDITORIAL DEL 19-05-13
La semana: Pues como siempre de todo un poco, se habló de la financiación de las autonomías, donde el Gobierno de la Nación quiere favorecer una vez más a Cataluña, de ahí que los barones del partido se nieguen ante las pretensiones del Presidente del Gobierno. Se volvió hablar de todo lo que está acarreando la Casa Real donde la infanta le están dando todo tipo de prebendas los tribunales de justicia. En fin mucha materia hubo esta semana. Pero permítanme que me detenga solo en dos:
Esta semana el juez le instrucción del Juzgado Número 9 de Madrid decretó el ingreso en prisión provisional bajo fianza de 2,5 millones de euros para Miguel Blesa, ex presidente de la caja madrileña, por presuntas irregularidades en la compra de una entidad bancaria en Florida. El juez para salir de la cárcel le pedía una fianza del 2,5 millones de euros que tardó menos de 24 en conseguir. ¿y ahora qué? Me da la sana impresión de que toda esta movida está estudiada y diseñada perfectamente. Este ladrón no es sino un fusible que cortará el avance de todas las investigaciones a los verdaderos responsables, unos cuantos días en los medios de comunicación, hasta igual lo meten unos meses en la cárcel para tranquilizar a la opinión pública, pero a muy corto plazo estará zanjado el tenebroso desfalco de las cajas de ahorros, los verdaderos responsables andarán ya fuera de peligro y este señor se encontrará una nueva cuenta corriente en Suiza, recalcada de millones de euros, populacho feliz y a seguir ordeñando al rebaño tras otro nuevo timo de la casta parasitaria.
Otro de los puntos en lo que me quiero detener es en la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la séptima reforma educativa en 37 años y que ahora tendrá que ser aprobada en el Congreso de los Diputados, la verdad que lo que más me llama la atención de esta ley es que en este país no se puede estudiar, es decir, De aprobarse la norma tal y como ha sido elaborada por el Gobierno, España será formalmente un país donde el Gobierno se reconoce impotente para hacer que una comunidad autónoma acate la Constitución y las leyes. No se puede entender de otra forma de que el Ministerio de Educación acepte costear la enseñanza en español en una parte del territorio nacional a través de colegios privados, aceptando de facto la negativa del Gobierno regional de Cataluña a cumplir el mandato constitucional y las sentencias de los tribunales recaídas sobre esta materia. Si ya es grave que las autoridades de una autonomía se nieguen a cumplir la ley, mucho más lo es que el Gobierno se convierta en cómplice de los delincuentes a despecho de su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución en todo el territorio nacional. Rajoy, con su gobierno y el PP, ha vuelto a demostrar su cobardía al permitir el exilio forzoso, en Cataluña, de alumnos españoles a colegios privados a la vez que pisotea el derecho y la obligación a conocer y estudiar en el idioma materno y oficial de España.
García MOLINA
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