Comentario editorial del 14-07-13

COMENTARIO EDITORIAL DEL 14-07-13

La semana: pues como siempre de todo un poco, en un país como el nuestro que no tiene fácil  arreglo se habló de economía, se habló del IPC, se habló de la condena del asesino de los niños de Córdoba que con el dinero de todos los españoles vamos a tener que mantenerlo en la cárcel cuando era más fácil y barato otro procedimiento, se habló de las próximas subidas de la luz,  se habló del paro y hasta algunos medios de comunicación recordaron que hace 16 años el brazo terrorista del Nacionalismo Vasco asesinara a Miguel Ángel Blanco.

Pero permítanme detenerme en dos asuntos cruciales para la economía de este país: El problema de los Astilleros españoles y la corrupción.

Lo comentábamos el pasado domingo, las subvenciones públicas solo sirven para mantener artificialmente a sectores improductivos a costa del dinero de los contribuyentes y, desde mi humilde entender, son el peor sistema para ayudar a las empresas deficitarias a superar sus dificultades económicas. Pero considerando que la UE dedica la  inmensa mayoría de sus fondos a incentivar artificialmente a los más amplios sectores de la actividad económica, resulta necesario exigir igualdad de trato, sobre todo cuando se trata de una industria subvencionada en diversos países miembros.  Pero alto: de manera sorprendente el  comisario de Competencia, el español, socialista  para más inri, ex ministro de  trabajo y ex candidato a la presidencia del Gobierno de España Joaquín Almuña.  Ha decidido actuar de manera abiertamente discriminatoria en el asunto de las subvenciones a los astilleros, con grave perjuicio para los intereses de las empresas españolas. Almunia insiste en pedir la devolución de las ayudas, de hasta 3.000 millones, concedidas a los astilleros mediante las bonificaciones fiscales,  que conviene recordar era el  procedimiento para financiar la construcción de buques sobre el que la Unión Europea no dijo ni una sola palabra hasta la llegada del político español al cargo de comisario de la Competencia. Es más, su antecesora en el cargo,  llegó a asegurar al Gobierno noruego que el procedimiento adoptado por España era plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa, algo que el socialista español niega y además con efecto retroactivo, causando un daño irreparable a las empresas implicadas que puede llevar aparejado el desmantelamiento del sector.  Según las últimas informaciones. La UE se va a pronunciar el próximo día 17 acerca de este contencioso que tiene en vilo a todo un sector industrial, del que dependen casi cien mil puestos de trabajo.

Por otro lado esta semana también se volvió hablar y además mucho de corrupción, una corrupción que afecta principalmente a los dos partidos mayoritarios. En una encuesta realizada últimamente la principal conclusión que podemos sacar de ella, por no embriagarles con números, es que los españoles en general, al margen de simpatías políticas, no dan crédito a las explicaciones que desde los principales partidos se han dado sobre los casos de corrupción que les afecta, Bárcenas para el PP y los ERES de Andalucía para el PSOE, donde tanto los votantes de uno y otro partido ven todo tipo de responsabilidades en sus líderes políticos.

La verdad que a medida que va avanzando la presente legislatura, los dos grandes partidos del sistema el PP y el PSOE se ven de forma creciente salpicados por escandalosos casos de corrupción. En el caso del PP se trataría de una financiación ilegal, presuntamente costeada, sobre la base de otorgar favores desde la cima del poder y también presuntamente conocida por el actual Presidente del Gobierno y su Secretaria General, entre otros. En el caso del partido socialista, nos encontraríamos ante el robo de centenares de millones de euros del contribuyente recurriendo al mecanismo de los ERES, en ambos casos se había producido un gigantesco abuso de poder y una violación sistemática de la legalidad. Se puede alegar mucho para matizar e incluso exculpar estas situaciones, pero lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos creen que los responsables de ambos partidos son culpables de lo sucedido siquiera por omisión. Ahora queda por ver si semejante estado repercutirá de alguna manera en el voto de los ciudadanos españoles o si estos, educados en una cultura en la que es mejor ser una canalla dentro de la iglesia verdadera que una persona decente entre los herejes, continua votando sin escrúpulos de conciencia al PSOE y al PP. Si así fuera tendríamos que contemplar con enorme pesimismo la evolución de la política española que aparecería sustentada por la corrupción moral de un sector nada pequeño de los ciudadanos, porque la corrupción jamás se puede exculpar.

García MOLINA